La Ley de Transparencia Social ha entrado en vigencia en Ecuador tras su publicación en el Registro Oficial el 28 de agosto. Esta normativa, aprobada por la Asamblea Nacional con 78 votos y sin observaciones del presidente Daniel Noboa, establece nuevas obligaciones para las organizaciones sociales sin fines de lucro en el país. Al no ejercer su derecho de veto dentro del plazo establecido, el presidente permitió que la ley avanzara automáticamente hacia su aplicación.
Dentro de las disposiciones de la ley, se establece que las organizaciones sociales deberán registrarse en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (Suios) en un plazo máximo de 180 días. Este registro tiene como objetivo ordenar la información jurídica, financiera y operativa de las asociaciones legalmente constituidas. El Ministerio de Gobierno será el encargado de la administración de este sistema.
Otra característica importante de la Ley de Transparencia Social es la creación de una plataforma digital que permitirá el acceso público a la información de las organizaciones registradas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será responsable de supervisar y auditar a estas organizaciones, evaluando su nivel de riesgo y clasificándolas en bajo, medio o alto, según el nivel de control requerido. Esto busca fortalecer los mecanismos de control social en Ecuador y garantizar la transparencia en estas instituciones.
