La designación del próximo Fiscal General del Estado de Ecuador podría extenderse hasta julio de 2026, según afirmaciones recientes del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Paúl Ocaña, también titular de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, advirtió que las demoras, las trabas legales y las acciones constitucionales están amenazando el proceso de selección. Esta situación ha dejado al país en una incertidumbre institucional considerable, puesto que la falta de planificación ha comprometido la transparencia necesaria en el concurso de fiscales.
Ocaña aclaró que la Comisión Cívica, que está monitoreando el proceso, no forma parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este organismo independiente cuenta con el respaldo técnico y económico de la Embajada de Estados Unidos y está acompañado de universidades prestigiosas, lo que busca garantizar la legitimidad del proceso de selección. Actualmente, de los 69 postulantes iniciales, solo 32 han sido admitidos por el CPCCS, y se realizarán sorteos para definir a los nuevos fiscales.
El escenario podría complicarse aún más debido a la presentación de acciones constitucionales por parte de los postulantes, las cuales podrían retrasar el proceso por meses. Ocaña enfatizó la importancia de que el nuevo Fiscal debe ser un especialista en derecho penal, ético y con experiencia significativa. El actual fiscal subrogante, Wilson Toainga, seguirá en el cargo tras la renuncia de Diana Salazar en mayo de 2025, lo que refuerza la urgencia de un proceso transparente y en tiempo adecuado para combatir la corrupción y el crimen organizado en Ecuador.
