En un notable esfuerzo por optimizar recursos, el Gobierno de Ecuador ha iniciado un proceso de desvinculación de empleados públicos que ya ha resultado en la salida de 2.295 trabajadores de los 5.000 previstos. Esta medida, anunciada el 24 de julio de 2025, busca abordar el elevado gasto estatal y eliminar puestos que se consideran sobrevalorados. Diversas organizaciones estatales, incluyendo Petroecuador y Celec, han confirmado la desvinculación de cientos de empleados como parte de esta política de austeridad administrativa.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, destacó que en Petroecuador, 936 trabajadores han dejado la empresa debido a salarios desproporcionados en relación con sus funciones. Por ejemplo, un trabajador que debería recibir $531 al mes estaba ganando $2,132. Además, el Comité de Empresa de la CNEL reportó despidos que incluyen a un empleado con un sueldo exorbitante de $13,500. Esta tendencia de reducción de personal se ha extendido a otros ministerios y entidades, como el IESS, donde se redujo la plantilla en 540 trabajadores.
Este proceso de desvinculación busca mejorar la eficiencia del sector público y cerrar las brechas salariales, asegurando que los sueldos se alineen a las funciones desempeñadas por los empleados. El Gobierno mantiene su compromiso de continuar con estas medidas, esperando que generen un gasto público más controlado y efectivo. A pesar de la preocupación de la opinión pública y de los sindicatos sobre el impacto en los servicios, las autoridades reafirmaron que estas acciones son parte de un plan estructural destinado a mejorar la gestión del Estado ecuatoriano.
