El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador se encuentra en la fase final de preparación para la próxima consulta popular y referendo, esperando confirmar todas las preguntas definitivas a finales de agosto. Este proceso electoral está programado para llevarse a cabo en diciembre, y su éxito depende de la firma del presidente Daniel Noboa, quien debe aprobar las preguntas que la Corte Constitucional ya ha validado. Entre las inquietudes más relevantes está la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en el país, además de otras cinco preguntas adicionales propuestas por Noboa y una más aprobada por la Asamblea Nacional sobre el financiamiento a partidos políticos.
La Ley electoral otorga al CNE un plazo máximo de 45 días para convocar un referéndum con las preguntas que han sido aprobadas, lo cual generará un considerable impacto logístico y financiero para el proceso. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, ha destacado que para cumplir con la fecha del 30 de noviembre, se requiere que tanto la Corte como el presidente aprueben las preguntas a mediados de septiembre. Sin embargo, hay opiniones divergentes sobre la viabilidad de realizar la consulta en esa fecha.
Una vez definidas las preguntas, el CNE podrá organizar aspectos logísticos como el tamaño de la papeleta electoral y el presupuesto requerido, que se estima podría ascender a 60 millones de dólares. Este tipo de consultas es significativo para Ecuador, que lidera en América Latina el número de consultas populares nacionales. La inminente consulta popular representa una oportunidad para que la ciudadanía exprese su opinión sobre temas cruciales para el país.
