Fernando Carrión, un destacado experto en seguridad, ha revelado que las economías ilegales en Ecuador generan aproximadamente USD 5.000 millones anuales, representando un 4,5 % del PIB del país. Alarmantemente, de esa suma, un 25 % se reinvierte en actividades criminales, como la compra de jueces y armas, así como el pago de sobornos. Este flujo de capital no solo fortalece las organizaciones criminales, sino que también alimenta la corrupción a nivel estatal y perpetúa un ciclo de violencia sin precedentes en la nación.
Carrión destaca que el Estado ecuatoriano no ha implementado un plan de seguridad integral, sino que ha optado por medidas aisladas y reactivas. La fragmentación entre las diferentes entidades encargadas de la seguridad ha dificultado la ejecución de un enfoque coordinado. Ante la creciente ola de violencia, que podría llevar a Ecuador a registrar sus cifras más altas de homicidios en la historia en 2025, el experto insiste en la necesidad de cooperación entre el gobierno, los municipios y la sociedad civil para abordar las raíces del problema.
Además, se ha identificado que la violencia en Ecuador no es uniforme; las dinámicas del delito varían significativamente de una región a otra, especialmente en áreas relacionadas con el narcotráfico. Carrión advierte que, a medida que el crimen se diversifica, se hace cada vez más difícil combatirlo con enfoques tradicionales. Así, enfatiza la necesidad de una estrategia que combine prevención, educación y participación comunitaria, además de acciones más enérgicas contra la inseguridad.
