El Gobierno de Ecuador enfrenta una grave situación financiera con las municipalidades del país, acumulando una deuda de $566.9 millones en asignaciones pendientes. Esta cantidad debe ser transferida a los 221 municipios del país bajo el Modelo de Equidad Territorial, lo que ha generado una urgente solicitud de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) para que estos fondos sean liberados. La falta de estos recursos representa un serio obstáculo para la gestión municipal y la ejecución de proyectos necesarios para las comunidades.
La AME ha indicado que hay municipios que han experimentado retrasos de hasta tres meses en la recepción de estos fondos, lo que afecta directamentela capacidad de los gobiernos locales para llevar a cabo obras prioritarias y garantizar servicios públicos esenciales. La deuda acumulada también incluye otros montos por devoluciones del IVA y otros conceptos establecidos por la ley, lo que agrava la situación financiera de las municipalidades.
El respaldo constitucional para la transferencia oportuna de estos recursos está firme, ya que varios artículos de la Constitución y otras normativas legales aseguran dicha obligación del Gobierno. Además, un dictamen reciente de la Corte Constitucional resalta la necesidad de cumplir con estas transferencias para proteger los derechos de los ciudadanos y permitir respuestas efectivas ante emergencias, como desastres naturales. La proforma presupuestaria de 2025 incluye un monto significativo para los GAD, pero su cumplimiento dependerá de la ejecución puntual de los pagos.
