La deuda del Gobierno Nacional con los municipios de Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, generando dificultades para la ejecución de obras y servicios esenciales. Quito enfrenta una deuda de 117 millones de dólares, mientras que a nivel nacional, 222 municipios esperan un total de 643 millones. Esta situación ha sido denunciada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que alerta sobre el impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos y las limitaciones para generar empleo.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha señalado que la falta de recursos afecta crucialmente la obra pública, que es vital para combatir la inseguridad. A pesar de contar con ingresos propios que mitigan la crisis, muchos municipios dependen completamente de las transferencias gubernamentales. Muñoz ha enfatizado que los gobiernos locales tienen roles definidos: el Gobierno Nacional debe garantizar la seguridad, mientras que los municipios deben fomentar el desarrollo local.
La situación de deuda ha llevado a varios alcaldes, incluido Patricio Maldonado de Nabón, a plantear posibles acciones legales por incumplimientos constitucionales. La crisis ha causado paralización en procesos de contratación pública, afectando la capacidad de los municipios para ofrecer servicios como agua potable y mantenimiento del espacio público. Los alcaldes advierten que esta inestabilidad limita gravemente la ejecución de proyectos fundamentales para las comunidades.
