La Fiscalía de Ecuador ha decidido no procesar a cinco personas detenidas por tentativa de asesinato tras un ataque a la caravana presidencial de Daniel Noboa en El Tambo, Cañar. El incidente, marcado por protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel, dejó daños materiales en varios vehículos, pero no se registraron heridos graves. En lugar de enfrentar cargos por tentativa de asesinato, que puede conllevar penas de 10 a 13 años, los detenidos han sido acusados de ataque o resistencia y daño a bien ajeno, delitos con sanciones más leves de hasta tres años.
Durante la audiencia judicial realizada el 8 de octubre, la agente fiscal solicitó la legalización de la detención y formuló cargos más leves, lo que desestimó la denuncia del Gobierno que buscaba acusaciones más severas. Los detenidos, que están en prisión preventiva, han sido defendidos por Yaku Pérez, coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, quien argumentó que ellos no participaron directamente en el ataque y denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante los arrestos.
Este ataque se produce en el contexto de un paro nacional que comenzó el 23 de septiembre en respuesta a un decreto gubernamental que eliminó el subsidio al diésel, incrementando su precio y provocando indignación en diversas provincias. La situación ha generado un saldo trágico de un muerto y más de 100 heridos, además de un aumento en las tensiones sociales en el país. Las protestas continúan mientras las comunidades exigen la restitución de subsidios y un diálogo con el Gobierno.
