Recientemente, se revelaron los esfuerzos de un alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. para recopilar comunicaciones internas relacionadas con críticos de Donald Trump. Este funcionario, Darren Beattie, solicitó registros sobre una larga lista de individuos y organizaciones, muchos de ellos críticos habituales de las políticas de la administración Trump. Esta iniciativa, presentada como un esfuerzo de ‘transparencia’, ha sido recibida con alarmas por parte de quienes consideran que se trata de una caza de brujas contra oponentes políticos.
El documento solicitado incluye interacciones con figuras influyentes en el ámbito de la desinformación y el periodismo, así como menciones a términos y conceptos asociados con movimientos de derecha. Entre los mencionados están activistas, periodistas y académicos que han denunciado campañas de desinformación. La amplitud de estas solicitudes ha generado preocupación sobre la privacidad y la seguridad de las personas y organizaciones involucradas, además de considerarse un uso impropio del sistema de registros públicos.
Los empleados del departamento han expresado su descontento y temor sobre las implicaciones de estas solicitudes, que parecen diseñadas para intimidar y desincentivar discusiones honestas sobre desinformación. Con la reciente disolución del R/FIMI, muchos temen que la administración esté redirigiendo sus recursos hacia un control más severo de la narrativa política, lo que podría afectar la libertad de expresión y el trabajo académico en el futuro.
