El paro indígena en Imbabura concluyó el 15 de octubre después de casi 24 días de bloqueos y protestas, marcadas por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. En una extensa reunión de diálogo, los líderes indígenas y representantes del gobierno lograron un acuerdo que incluye la creación de mesas de diálogo para abordar problemas en salud y educación, así como la liberación de detenidos. Sin embargo, la situación se complicó con la disidencia de algunos sectores de las bases indígenas que se mostraron insatisfechos con los resultados y acusaron a sus líderes de traición.
La falta de conformidad entre las bases se manifestó de manera violenta al regresar los dirigentes a Otavalo, donde se produjeron enfrentamientos y agresiones. Martha Tuquerres, presidenta de la Unorcac, adelantó que su organización votará en contra de la consulta sobre la Constituyente como un gesto de desaprobación hacia el gobierno. Mientras tanto, en otras ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, se llevaron a cabo manifestaciones donde cientos de ciudadanos expresaron su descontento, denunciando la represión policial y el impacto de la eliminación del subsidio en sus vidas diarias.
Este episodio evidencia una profunda división dentro del movimiento indígena ecuatoriano, que, a pesar de los intentos de llegar a un acuerdo, refleja la tensión que persiste entre la dirigencia y las bases. La jornada de diálogos y la consiguiente decisión de levantar el paro no han resuelto las preocupaciones subyacentes ni las tensiones que afectan a la comunidad indígena, lo que sugiere que los problemas políticos y sociales en Ecuador aún continúan vigentes.
