La situación de los servicios públicos en Ecuador ha empeorado significativamente desde 2017, cuando se han implementado medidas de austeridad a raíz de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un contexto donde el despido de funcionarios y la eliminación de instituciones han reducido la capacidad del Estado, los ecuatorianos enfrentan un deterioro de la calidad de los servicios. Los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa han seguido la misma tendencia, priorizando las exigencias del FMI sobre el bienestar de la población.
Las consecuencias de esta política de recortes se manifiestan en muchos aspectos de la vida diaria. Las instituciones como el Registro Civil enfrentan escasez de turnos, lo que provoca malestar entre los ciudadanos. Además, hospitales públicos sufren de falta de medicamentos e insumos básicos, afectando gravemente la atención médica. La percepción de la calidad de los servicios ha ido en caída libre, evidenciando la insatisfacción de la población con la administración pública.
Desde 2017, el número de instituciones gubernamentales se ha reducido drásticamente, pasando de 130 a 101, lo que representa una disminución del 22%. A partir de julio de 2025, la administración de Noboa inició el despido de 5,000 funcionarios y la fusión de ministerios, transicionando de 20 a 14 ministerios. Este ajuste notablemente afectará la estructura del gobierno y, según expertos, generará más problemas a los sectores más vulnerables de la sociedad. Mientras tanto, el cumplimiento de las exigencias del FMI continúa a expensas de la calidad de vida de los ciudadanos.
