Ecuador enfrenta una creciente tensión política con los recientes despidos masivos en Petroecuador, donde se han desvinculado a cerca de 1.000 trabajadores. Esta medida ha sido calificada por sindicatos como un sabotaje a la operatividad de la empresa. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) han denunciado que el argumento del gobierno, que habla de un ahorro de USD 31 millones, es engañoso y busca encubrir un plan para debilitar la estatal energética.
Los sindicatos destacan que la reducción de personal está afectando gravemente las operaciones críticas de transporte, perforación y geología, poniendo en riesgo la producción y exportación de crudo. Además, advierten que estas acciones son parte de una estrategia deliberada para privatizar activos rentables de la empresa, lo que representaría un ataque directo a la soberanía energética del país y a los derechos laborales de todos los trabajadores involucrados.
Por otro lado, defensores de derechos humanos y académicos han alertado sobre un ‘ataque directo a la Constitución’ por parte del gobierno, que busca anular el sistema de pesos y contrapesos en el país. Esto se manifiesta no solo en los despidos en Petroecuador, sino también en las presiones contra la Corte Constitucional. La independencia judicial es vista como un pilar fundamental de la democracia, y las amenazas del gobierno han desatado preocupaciones sobre el respeto a esta independencia.
