Oscar Ayerve, abogado constitucionalista y consejero alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha denunciado un incumplimiento sistemático de plazos por parte del CPCCS, lo que pone en riesgo la capacidad democrática de Ecuador. Este problema se exacerba en vísperas de la consulta popular programada para noviembre, afectando la transparencia del proceso electoral debido a la falta de renovación de autoridades clave como las del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General del Estado. Ayerve subrayó que la prórroga de miembros del CNE, cuyas funciones constitucionales finalizaron en noviembre pasado, debilita aún más la institucionalidad del organismo electoral.
La parálisis del CPCCS también afecta el nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado, que debía realizarse en abril de 2025, complicando aún más la situación de la justicia en Ecuador. Ayerve proyecta que este proceso podría extenderse más allá de su fecha límite, generando incertidumbre sobre el futuro de esta posición crítica. Además, considera que la solución a esta crisis no es solo una cuestión administrativa, sino una manifestación del daño a la democracia causado por influencias políticas inapropiada en el CPCCS, un organismo cuyo deber es garantizar la independencia de los poderes del Estado.
En su defensa personal, Ayerve reveló que ha sido víctima de maniobras políticas diseñadas para bloquear su posesión como consejero principal del CPCCS. Denunció la aparición de un impedimento legal falso en el sistema informático del Ministerio del Trabajo, lo que evidencia la manipulación de documentos para evitar su ascenso. A pesar de que este caso ilustra problemas más amplios de corrupción y falta de operatividad en el CPCCS, Ayerve también criticó las propuestas para someter a la Corte Constitucional a juicio político, advirtiendo que dicha acción socavaría la independencia judicial del país.
