La Revolución Ciudadana (RC) ha salido en defensa del movimiento RETO, denunciando una posible persecución política tras la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que señala a RETO por no entregar informes financieros del ejercicio fiscal 2024. Este caso ha sido llevado al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para su análisis y eventual sanción. Los correístas sostienen que esta acción no es meramente administrativa, sino que busca debilitar el liderazgo de figuras como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Luis Fernando Molina, legislador de RC, ha expresado que la medida cuestiona no solo la legalidad sino también principios esenciales de la democracia. La tensión se siente especialmente porque Álvarez, aunque electo como correísta, ha mostrado cercanía con RETO y ha intentado mantener su independencia dentro de las estructuras políticas. Este aspecto ha suscitado desacuerdos internos y ha llevado a cuestionamientos sobre su lealtad a la organización original.
El CNE argumenta que la falta de un sistema contable adecuado por parte de RETO ha impedido un control exhaustivo de sus finanzas durante el año 2024, lo cual podría resultar en sanciones significativas, incluyendo multas y suspensión de derechos políticos. Hasta el momento, los líderes de RC no han emitido declaraciones oficiales sobre el asunto. La expectativa ahora se centra en el pronunciamiento del TCE y sus posibles repercusiones políticas dentro de la Revolución Ciudadana y su alianza con RETO en Guayaquil.
