El 25 de agosto de 2025, la Corte Constitucional de Ecuador llevó a cabo una audiencia pública sobre cinco demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Esta ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa, ha suscitado un intenso debate debido a su vínculo con la urgencia económica y un régimen de conflicto armado interno. Durante seis horas, los jueces escucharon los argumentos de ambos lados antes de retirarse para deliberar sobre el futuro de la normativa.
Los opositores a la ley, que incluyen diversas organizaciones de la sociedad civil, argumentan que varios artículos son inconstitucionales, destacándose la creación de nuevos tipos penales asociados al conflicto armado. Entre los puntos más controvertidos se encuentran las facultades del presidente para declarar un estado de conflicto interno y las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La defensa, liderada por representantes del gobierno y la Asamblea Nacional, insta a desestimar las demandas y levantar una suspensión provisoria de parte de la ley.
El juez ponente, Alí Lozada, deberá presentar un proyecto de sentencia dentro de 20 días, seguido de otros 20 días para la deliberación final por parte del pleno de la Corte. La decisión que se tome afectará significativamente la legislación en Ecuador y las medidas de seguridad nacionales. La controversia en torno a la Ley de Solidaridad Nacional refleja las tensiones actuales en el ámbito político y social del país, planteando preguntas sobre la relación entre seguridad y derechos constitucionales.
