El Consejo de la Judicatura de Ecuador decidió suspender a la jueza Daniela Ayala por un período de tres meses debido a denuncias presentadas por la Fiscalía por agresión verbal durante una audiencia relacionada con el asesinato de Fernando Villavicencio. La decisión se tomó el 12 de septiembre de 2025 en Quito, por dos votos a favor y uno en contra. Durante la audiencia, Ayala cuestionó la objetividad de la fiscal a cargo del caso y realizó comentarios que fueron considerados ofensivos.
Esta suspensión implica que Ayala no recibirá su salario durante el tiempo que dure la medida. La vocal del pleno, Yolanda Yupangui, argumentó que la falta de respeto por parte de la jueza es indudable y que se busca prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. Sin embargo, la consejera Solanda Goyes objetó la decisión, afirmando que no había causas suficientes para la suspensión y que podría revertirse si Ayala gana su recurso de impugnación.
El caso de Villavicencio ha suscitado gran atención pública y tensiones dentro del sistema judicial ecuatoriano. La actuación de Ayala durante el proceso ha sido cuestionada, y se considera que su decisión de negar las solicitudes de prisión preventiva planteadas por la Fiscalía compromete la imparcialidad del juicio. Con la suspensión de Ayala, se debe designar un reemplazo temporal para asegurar la continuidad del proceso judicial, lo que podría impactar en su desarrollo.
