Ecuador enfrenta un paro de transportistas que ha llevado a la clausura de diversas vías en varias provincias. La eliminación del subsidio al diésel decretado por el Presidente Daniel Noboa ha provocado protestas masivas, afectando principalmente a las provincias de Carchi y Imbabura, donde las carreteras San Gabriel – La Paz y Tulcán – Julio Andrade están completamente cerradas. La situación ha generado caos vial y descontento en la población, que enfrenta dificultades para movilizarse.
Ante el desbordamiento de las manifestaciones y la violencia asociada, el Gobierno ha declarado estado de excepción en siete provincias, incluyendo Pichincha y Azuay. Este decreto se fundamenta en la grave conmoción interna que interfiere con el orden público y la seguridad ciudadana. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha implementado medidas para tratar de controlar el flujo vehicular en Quito, donde también se han cerrado vías clave como la Quito-Guayllabamba.
El contexto de las manifestaciones refleja una división creciente entre el gobierno y los sectores gremiales de transportistas, que rechazan las medidas del gobierno. A pesar de las intentaciones de restaurar el orden y garantizar la libre circulación, el conflicto sigue calentándose, planteando interrogantes sobre la solución de esta crisis. Las decisiones del gobierno han sido respaldadas por informes de medios de comunicación y la Policía Nacional, aunque la gran pregunta sigue siendo cómo se resolverá esta disputa entre los transportistas y el estado.
