Un documento recientemente revelado del Departamento de Estado ha destapado una inquietante búsqueda de comunicaciones internas que involucra a un número significativo de figuras públicas y organizaciones. La solicitud, formulada por el funcionario de la administración Trump, Darren Beattie, abarca comunicaciones con críticos del presidente, así como palabras clave que han sido el foco de campañas de desinformación política. Este esfuerzo se ha interpretado como un intento de reconstruir la ‘confianza con el público americano’ mientras probablemente agenda intereses políticos específicos.
La amplio alcance de la solicitud ha suscitado preocupaciones entre los empleados del Departamento de Estado, quienes ven esto como una ‘caza de brujas’ potencial que podría comprometer la privacidad y seguridad de muchos individuos involucrados. Muchos de los nombrados en la lista han sido blanco de críticas por parte de la comunidad conservadora, lo que añade otra capa de inquietud a esta cacería informativa. Funcionarios han expresado su alarma sobre el uso de los registros públicos para fines que parecen estar más alineados con una agenda política que con la búsqueda de transparencia genuina.
Con el eventual cierre del R/FIMI, el pequeño grupo cuya labor era rastrear y contrarrestar la desinformación extranjera, las acciones de Beattie han provocado un debate sobre el límite entre la transparencia y la vigilancia política. Activistas y expertos en derechos de prensa han señalado que este enfoque no solo es preocupante por su implicancia directa, sino que podría tener efectos disuasorios sobre las investigaciones de desinformación y el discurso crítico en el futuro. Este episodio nos recuerda la importancia de la integridad y la ética en las acciones del gobierno, especialmente en el contexto de la libertad de expresión.
