Canarias está comenzando la construcción de un cable submarino de fibra óptica que conectará el archipiélago con la costa de Marruecos, específicamente con la ciudad de Tarfaya. Este proyecto, con un coste total de 49 millones de euros, tiene como objetivo unir Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, posicionando a Canarias como un nodo digital entre Europa y África. Sin embargo, el proyecto se detendrá en la frontera del Sáhara Occidental, un territorio en disputa legal entre Marruecos y el Frente Polisario, reconocido por la ONU.
A pesar de los intentos del Gobierno canario de minimizar las implicaciones legales, Marruecos planea extender esta conexión hacia el Sáhara Occidental, lo que podría generar problemas para España. La conexión que España financia podría facilitar la expansión marroquí en el territorio saharaui, desencadenando conflictos legales en tribunales europeos. El Tribunal de Justicia de la UE ya considera ilegal cualquier actividad económica en el Sáhara sin el consentimiento del Frente Polisario.
El desarrollo de este cable submarino plantea preguntas difíciles sobre cómo España podrá manejar su responsabilidad legal si se produce una extensión del cable al controvertido territorio. Además, la carga legal recae en un área donde el Polisario ha tenido éxito en tribunales europeos, lo que podría complicar aún más la situación y afectar las relaciones entre España y Marruecos. La conexión sigue adelante, pero el equilibrio entre intereses económicos y obligaciones legales tiene la tensión por el momento más alta que nunca.
