El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 7 de octubre una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, alcanzando 80 votos a favor, 62 en contra y 5 abstenciones. Esta reforma, promovida por el oficialismo y sus aliados, busca elevar la eficiencia y control en las adquisiciones estatales y está compuesta por 122 artículos derivados de la Ley de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en 2025.
El debate en la Asamblea, llevado a cabo en Quito, consolidó 16 proyectos legislativos discutidos desde enero de 2024. La reforma procura alinear la normativa con mandatos constitucionales que promueven la responsabilidad en las compras públicas y la sostenibilidad ambiental. A pesar de ello, generó divisiones en la sala, dado que incorpora elementos de una ley previamente anulada.
Las críticas de la oposición se centraron en la falta de garantías de transparencia y competencia en el nuevo marco normativo. Varios asambleístas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano argumentaron que el proyecto no responde adecuadamente a las observaciones realizadas y pidieron su retorno a comisión para su revisión. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico defendió la reforma, argumentando que la mayoría de sus artículos ya estaban en discusión desde antes y que brindan seguridad jurídica.
