Un alto funcionario del Departamento de Estado está generando controversia tras solicitar comunicaciones internas con una larga lista de periodistas y críticos del expresidente Donald Trump. Este pedido, liderado por el nombrado por Trump, Darren Beattie, pide registros que abarcan un amplio espectro de individuos y organizaciones, incluyendo a personalidades reconocidas por sus críticas al gobierno y a la campaña de desinformación extranjera que maneja el Departamento.
El documento, que se compartió de manera privada entre empleados del Departamento de Estado, ha sido catalogado como una especie de cacería de brujas. Los empleados han expresado su preocupación por las implicaciones de privacidad y seguridad que conlleva este amplio esfuerzo de recopilación de datos, identificando la solicitud como un intento de colapsar la confianza pública en las instituciones. Beattie, con el fin de mostrar una supuesta transparencia, busca comparar sus acciones con la divulgación de documentos internos de Twitter ocurrida tras la compra de Elon Musk, aunque su enfoque está centralizado en atacar el llamado ‘complejo de censura’.
A medida que aumenta la tensión en el Departamento de Estado, el temor de que estos registros sean utilizados para represalias o para distorsionar la narrativa sobre la desinformación también se intensifica. Este escándalo resalta un preocupante deslizamiento hacia la opacidad y posible abuso de poder dentro de instituciones públicas, donde la inclusión de periodistas y figuras públicas en una lista de ‘supuestos enemigos’ plantea serias inquietudes sobre la libertad de prensa y el derecho a cuestionar al gobierno.
