Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. ha desatado una controversia al solicitar comunicaciones internas con periodistas y críticos del expresidente Donald Trump. Este funcionario, Darren Beattie, quien fue nombrado por Trump, busca realizar un archivo de documentos que supuestamente evidencian censura a voces conservadoras. Su enfoque incluye un amplio espectro de individuos y organizaciones, muchos de los cuales han sido blanco de ataques por parte de la derecha política durante años.
La documentación que Beattie está buscando se relaciona con un grupo que se encarga de rastrear campañas de desinformación y que ha sido percibido como un aparato de control sobre la narrativa mediática y política. Empleados del Departamento de Estado han expresado su preocupación sobre la amplitud de estas solicitudes, temiendo que se trate de una caza de brujas que podría vulnerar la privacidad y seguridad de muchos ciudadanos y expertos en el tema, lo que recuerda prácticas de vigilancia de épocas más oscuras.
A medida que la situación se desarrolla, los miembros del Estado están alarmados por lo que consideran una intromisión inusitada en la comunicación interna del gobierno. La inquietud por los propósitos detrás de esta actividad y sus posibles consecuencias para la libertad de expresión y la investigación sobre la desinformación ha generado un debate profundo sobre la ética y la transparencia en las acciones del gobierno, planteando serias dudas sobre el camino que se está tomando en la política estadounidense.
