Un alto funcionario del Departamento de Estado está en el centro de una controversia tras solicitar documentos internos relacionados con una amplia lista de críticos políticos de Trump y figuras públicas, generando olas de preocupación sobre posibles violaciones a la privacidad. Esta solicitud incluye comunicaciones con periodistas y expertos en desinformación que han cuestionado las políticas y acciones del gobierno, lo que muchos perciben como una caza de brujas.
En un documento filtrado, se revela que Darren Beattie, un appointee de Trump, busca un volumen impresionante de registros que roza lo alarmante. La advertencia de que se entregarán documentos sin redacciones ha suscitado reacciones adversas entre los empleados del departamento; varios lo consideran impropio, argumentando que esto podría ser un uso indebido del sistema de registros públicos para llevar a cabo una agenda particular.
La situación ha desencadenado un debate sobre la transparencia y la libertad de expresión, intensificando las preocupaciones sobre la seguridad de quienes están en la lista y el posible impacto que estas acciones puedan tener en la investigación de la desinformación. Activistas y críticos han expresado su temor de que este enfoque inspire un clima de miedo que afecte la relación entre periodistas y fuentes, disminuyendo así la supervisión y la rendición de cuentas en el discurso público.
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