Recientemente, un alto funcionario del Departamento de Estado reveló un intento alarmante de recopilar todas las comunicaciones entre el personal de una oficina gubernamental dedicada a combatir la desinformación y una extensa lista de figuras públicas y periodistas críticos con la administración Trump. Esta solicitud se enmarca en un esfuerzo más amplio para descubrir supuesta censura conservadora, tal como lo hicieron las filtraciones de Twitter. Sin embargo, el alcance de la solicitud ha sido criticado como una caza de brujas que podría poner en riesgo la privacidad de numerosos individuos.
Darren Beattie, designado por Trump, fue el encargado de solicitar registros de comunicaciones no solo sobre periodistas y académicos, sino también sobre temas controvertidos vinculados a la política moderna, que incluyen desde ‘Black Lives Matter’ hasta ‘q-anon’. Varios afectados por esta solicitud expresaron su preocupación y asombro por la existencia de una lista de este tipo, comparándola con tácticas de vigilancia de regímenes autoritarios. Además, la medida se considera un intento de silenciar voces críticas y afectar el trabajo periodístico.
La recopilación de datos, que parece estar impulsada por un deseo de controlar y documentar la disidencia, ha suscitado preocupaciones tanto entre los periodistas como entre los funcionarios del Departamento de Estado. Al detener su oficina de R/FIMI que rastreaba la desinformación, muchos temen que esta solicitud selectiva de documentos pueda ser utilizada para tergiversar la información y construir narrativas que favorezcan a ciertos grupos de poder. En medio de todo esto, la falta de declaraciones oficiales de Beattie deja en el aire más preguntas sobre sus objetivos reales.
