Italia ha tomado la drástica decisión de limitar la obtención de ciudadanía por ascendencia, poniendo en aprietos a miles de latinoamericanos que han seguido este proceso. Esta medida, anunciada sin previo aviso por el gobierno de Giorgia Meloni, afecta especialmente a aquellas familias que se habían reestructurado y vendido propiedades basadas en normativas anteriores. El número de solicitantes de ciudadanía ha aumentado significativamente en los últimos años, especialmente desde países como Argentina y Brasil, lo que ha desbordado instituciones y generado un negocio paralelo en torno a estos trámites.
La nueva normativa exige a los solicitantes demostrar vínculos directos con antepasados italianos y cumplir con nuevos requisitos que incluyen exámenes de idioma y residencias prolongadas. Esto implica que quienes han intentado conseguir la nacionalidad italiana a través de generaciones pasadas ahora se enfrentan a un proceso mucho más estricto y complicado. La medida también afecta a los ciudadanos italianos que residan en el extranjero, quienes podrían perder su nacionalidad si no cumplen con ciertas obligaciones.
La reforma ha generado un intenso debate en la sociedad italiana. Mientras sectores nacionalistas apoyan la restricción para evitar abusos, otros critican la falta de integración de nuevos inmigrantes. Italia busca frenar el colapso institucional, pero este cambio legal plantea importantes dilemas, ya que limita las oportunidades de aquellos que buscan un futuro mejor en Europa, al mismo tiempo que decisiones políticas similares surgen en otros países con problemas demográficos similares.
