El paro nacional en Ecuador, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha cumplido 28 días de tensiones y enfrentamientos. Iniciado el 22 de septiembre en respuesta a un decreto del presidente Daniel Noboa que eliminó el subsidio al diésel, las movilizaciones se han intensificado, especialmente en la Sierra. Las protestas han resultado en dos muertes, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.
Las demandas de la Conaie han evolucionado para incluir la protección de zonas mineras, mayores recursos para salud y educación, y resistencia contra un referéndum propuesto por el gobierno. Sin embargo, el conflicto ha estado acompañado de acusaciones de represión por parte de las fuerzas de seguridad y acciones violentas de algunos manifestantes, lo que ha llevado a un clima de incertidumbre y desconfianza.
Un incidente reciente en San Miguel del Común, donde la policía detuvo a un hombre supuestamente vinculado a ataques con explosivos, ha avivado el debate sobre la legalidad de las acciones policiales. La Conaie ha denunciado la brutalidad de estas acciones, pidiendo el respeto a los derechos humanos y la integridad de los manifestantes. Por su parte, la Policía ha justificado sus operaciones como necesarias para mantener el control y la seguridad durante el estado de excepción.
