Las comunidades indígenas de Ecuador, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), mantienen un paro nacional indefinido que se extiende por 26 días. Esta movilización comenzó en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel decretada por el Gobierno de Daniel Noboa, lo que ha derivado en múltiples enfrentamientos y condenas por parte de organizaciones internacionales que exigen el respeto a los derechos humanos. La situación ha resultando en tres muertes y numerosos heridos, con los conflictos más intensos en provincias como Imbabura, Cotopaxi y Azuay.
El paro se originó a partir del Decreto Ejecutivo 126, emitido el 13 de septiembre de 2025, que buscaba liberar fondos del presupuesto nacional. Este ajuste ha incrementado el costo del combustible, afectando el transporte y encareciendo productos básicos en un país donde un 40% de la población vive en condiciones de pobreza. Ante la crisis económica y social, la CONAIE reclama no solo la derogatoria del decreto, sino también una serie de reformas que garanticen derechos fundamentales como la salud pública y la soberanía alimentaria.
La lucha es también contra un referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre, que propone cambiar la Constitución actual, aprobada en 2008. Desde la CONAIE se argumenta que este plebiscito busca debilitar importantes conquistas sociales logradas por el movimiento indígena. A pesar de intentos gubernamentales de diálogo y los anuncios de terminación del paro en algunas provincias, la respuesta de la CONAIE ha sido mantener la movilización hasta que sus demandas sean atendidas. La polarización social y política se intensifica a medida que se acercan las elecciones y se delinean posturas sobre el futuro del país.
