La Revolución Ciudadana ha cuestionado el reciente nombramiento de Carlos Alarcón como fiscal subrogante, al presentar una demanda ante la Corte Constitucional. Este nombramiento, que reemplaza a Wilson Toainga, fue realizado mediante resolución del Consejo de la Judicatura el 3 de octubre y la RC argumenta que no existe un cargo legal de ‘fiscal subrogante del subrogante’ en la normativa ecuatoriana. Además, sostiene que solo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la potestad de nombrar a la máxima autoridad fiscal a través de un proceso de concurso.
La acción legal de la Revolución Ciudadana busca anular la resolución No. 072-2025 y solicita además medidas cautelares para suspenderla provisionalmente, argumentando que podría causar ‘daños irreparables’ en la acción penal pública y afectar la estabilidad institucional. Acusan a la Judicatura de violar principios constitucionales y legales, incluyendo la autonomía de la Fiscalía General, lo cual subraya su preocupación por las acciones del poder público en este ámbito.
Este conflicto ha aumentado el debate sobre la autonomía de las instituciones en Ecuador, especialmente en el contexto de renovación de autoridades en la Fiscalía. La decisión de la Corte Constitucional será clave no solo para determinar la validez del nombramiento de Alarcón, sino también para establecer precedentes sobre la competencia de la Judicatura en este tipo de nombramientos. La situación indica desafíos significativos para la institucionalidad en el país y la lucha contra la corrupción.
