Recientemente, la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) denunciaron la falta de información oficial sobre el paradero de cinco personas detenidas durante las protestas en el cantón El Tambo, en Cañar. Estas manifestaciones estaban en contra del Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel, provocando un clima de tensión en la provincia.
Las organizaciones afirmaron que tanto las familias como los abogados de los detenidos no han recibido ninguna comunicación oficial sobre la situación de sus seres queridos, lo que consideran una grave violación al debido proceso y un obstáculo a su derecho a la defensa. La incertidumbre generada por estos hechos ha llamado la atención sobre las irregularidades en el tratamiento de los casos de los detenidos.
En este contexto de tensión, se han reportado bloqueos y enfrentamientos en Cañar, con un saldo de 85 detenciones y 100 heridos a nivel nacional. Las organizaciones han exigido transparencia y respeto a los derechos fundamentales, instando a las autoridades a proporcionar información clara y evitar la difusión de rumores, mientras la situación en la región se mantiene tensa por las protestas en curso.
