La Corte Constitucional de Ecuador ha recibido dos demandas de inconstitucionalidad contra la reciente Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que fue impulsada por el gobierno de Daniel Noboa y publicada hace menos de una semana. Estas acciones fueron interpuestas por la abogada Patricia Borja y la Fundación Inredh, quienes cuestionan tanto el proceso de aprobación como las disposiciones contenidas en la ley. En particular, critican la autorización para que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) venda créditos en mora y la designación directa de un vocal del Consejo Directivo del IESS por parte del Ejecutivo.
La primera demanda, presentada por Patricia Borja, sostiene que el procedimiento legislativo utilizado por la Asamblea Nacional, dominada por una mayoría oficialista, violó principios constitucionales. Aún no se han detallado públicamente los vicios específicos señalados en esta demanda. En el caso de la Fundación Inredh, se oponen a las reformas que permiten al Biess transferir créditos impagos a entidades privadas, argumentando que esto compromete el patrimonio del sistema de seguridad social, afectando a afiliados y jubilados.
El contexto de estas demandas refleja la creciente controversia en torno a las iniciativas económicas del gobierno de Noboa y sigue las recientes decisiones de la Corte Constitucional sobre otras leyes que fueron anuladas por vicios de procedimiento. La Corte ahora evaluará las demandas para determinar si las alegaciones presentan fundamentos que justifiquen la inconstitucionalidad de la ley crediticia, un tema que ya ha suscitado críticas por su potencial impacto en la liquidez del Biess y en los derechos de los deudores.
