El Tribunal de la Corte Provincial de Manabí ha tomado una decisión crucial al aceptar parcialmente un recurso de habeas corpus a favor de diez manifestantes detenidos durante las protestas en Otavalo, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esta resolución implica el inmediato traslado de siete de ellos a una prisión en Imbabura y la realización de valoraciones médicas para otros tres que presentan problemas de salud. La audiencia se centró en las condiciones de detención y la legalidad de su traslado, el cual fue considerado arbitrario por los abogados de los manifestantes.
Durante las protestas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, un total de quince comuneros fueron arrestados el 22 de septiembre, acusados de terrorismo, un cargo que podría conllevar severas penas. La decisión del Tribunal se basó en el hecho de que los traslados a las cárceles de Portoviejo y Esmeraldas no respetaron la pertenencia étnica de los detenidos. Además, se destacó la falta de evidencia que justificara las acusaciones de que estos individuos eran líderes de bandas criminales.
La resolución del Tribunal es un paso significativo hacia la corrección de lo que ha sido calificado como un uso indebido del sistema judicial contra manifestantes. A largo plazo, se plantea una próxima audiencia de apelación sobre la prisión preventiva de doce de los detenidos, mientras que las valoraciones médicas son vistas como una necesidad urgente para garantizar su bienestar físico. Este evento ha avivado el debate sobre el uso de acusaciones de terrorismo durante protestas sociales y ha puesto de relieve las difíciles condiciones dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.
