El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se encuentra en una complicada situación legal tras la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Esta medida se fundamenta en un presunto incumplimiento de comparecencia debido a que Alvarez no asistió a una presentación programada el 1 de septiembre, relacionada con el caso conocido como Triple A, que investiga la comercialización y distribución ilegal de combustibles. La Fiscalía argumenta que esta falta de comparecencia justifica la solicitud de prisión preventiva, según el artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Alvarez, por su parte, defiende su ausencia al argumentar que se encontraba en Quito por un viaje oficial, lo cual fue comunicado al Tribunal a cargo del caso. El alcalde señaló que su participación en un encuentro con otros alcaldes y ministros de seguridad nacional era de vital importancia y que su falta no debe interpretarse como un intento de eludir la justicia. Aseguró que su agenda fue toda documentada y que no hubo mala intención de su parte.
La decisión del Tribunal sobre la solicitud de prisión preventiva está prevista para ser abordada en una audiencia de revisión de medidas. La audiencia del juicio en el caso Triple A está programada para enero o febrero de 2026, lo que añade presión sobre el alcalde y el proceso judicial. Este caso no solo tiene repercusiones legales, sino que también genera un debate sobre cómo deben aplicarse las medidas cautelares a funcionarios públicos en Ecuador, y cómo la política puede influir en estos procedimientos judiciales.
