La asambleísta Patricia Núñez, representante de Revolución Ciudadana, ha sido multada con USD 4.700 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debido a una infracción electoral grave. Esta sanción, que equivale a 10 salarios básicos unificados, se impuso tras una denuncia por inducir al voto a través de redes sociales durante las elecciones generales de 2025. El juez Joaquín Viteri, encargado del caso, determinó que los actos de Núñez constituyeron una violación de la Ley Orgánica Electoral, que regula el uso de plataformas digitales por servidores públicos en períodos electorales. La sentencia se emitió el 15 de septiembre en Quito.
La denuncia vínculó a Núñez con la difusión de mensajes y participación en eventos que promovían a un binomio político específico entre el 7 y 9 de abril de 2025. Un peritaje forense validó la autenticidad de las publicaciones relacionadas con la infracción. A pesar de que su cuenta fue eliminada o su contenido ocultado tras la denuncia, el juez consideró que la responsabilidad de Núñez en esta infracción estaba claramente probada, optando por una sanción económica en lugar de una destitución, lo que refuerza la jurisprudencia en este ámbito.
Esta decisión resalta la creciente vigilancia sobre las acciones de los asambleístas en redes sociales, especialmente en años electorales. La resolución deja abierta la posibilidad de apelación, lo que significa que Núñez puede intentar recurrir ante el TCE. Este caso se enmarca en un entorno de tensiones políticas en la Asamblea Nacional, donde Revolución Ciudadana se mantiene como una fuerza significativa. El TCE seguirá revisando similares infracciones en un contexto donde las redes sociales se han vuelto herramientas clave en las campañas políticas.
