El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado la controvertida decisión de eliminar el subsidio al diésel, elevando su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Esta medida, que inició a partir del 13 de septiembre, se justifica como una estrategia para ahorrar hasta 1.100 millones de dólares anuales, fondos que serán redirigidos a bonos sociales y compensaciones sectoriales. La derogación del subsidio ha sido criticada por diversos gremios de transportistas, incluyendo la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), que ha calificado la decisión como un “paquetazo neoliberal”.
El impacto de esta eliminación del subsidio se prevé significativo, ya que los transportistas han alertado sobre el incremento insostenible en sus costos operativos. La Fenatrape se ha declarado en ‘sesión permanente’ para vigilar la respuestas del gobierno. Además, dirigentes de distintas organizaciones han advertido sobre posibles paralizaciones en los terminales portuarios de Guayaquil y Quito, lo que podría acarrear serias consecuencias en el sector de transporte. Sin embargo, el Ejecutivo ha prometido que no habrá un aumento en el costo del pasaje para los usuarios de transporte público.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, ha anunciado un conjunto de compensaciones entre las que se incluyen subsidios a choferes y créditos preferenciales para la compra de nuevas flotas. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno para equilibrar su déficit fiscal, priorizando la necesidad del bienestar social sobre los subsidios. Organizaciones sociales y los trabajadores han comenzado a organizar movilizaciones en respuesta a estas políticas, lo que podría poner en riesgo la estabilidad del gobierno de Noboa si las protestas se intensifican.
