El gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha decidido eliminar el subsidio al diésel, elevando su precio de $1,80 a $2,80 por galón. Esta medida, oficializada el 12 de septiembre de 2025, tiene como objetivo ahorrar $1.100 millones anuales y contrarrestar el contrabando. Sin embargo, la decisión ha provocado reacciones encontradas en los sectores económicos y sociales del país, donde se celebran debates intensos sobre sus implicaciones.
Los sectores empresariales han aplaudido la medida como una forma de fortalecer la competitividad y eliminar economías ilegales. No obstante, organizaciones indígenas y laborales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han rechazado la eliminación del subsidio, llamándola un ‘paquetazo neoliberal’, alertando sobre los posibles efectos negativos en la producción agrícola y el transporte comunitario de millones de familias vulnerables.
A pesar del respaldo empresarial, la oposición de varios sectores promete llevar a cabo movilizaciones. El gobierno ha anunciado medidas de compensación, incluyendo bonos para transportistas y créditos para agricultores, buscando mitigar el impacto del aumento en los precios del combustible. La situación genera un clima tenso en un contexto donde el país ya enfrenta problemas de seguridad y crisis social.
