Recientemente, la jueza María Lourdes Guamagnate suspendió provisionalmente el concurso para la renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Ecuador. Esta medida fue tomada tras una Acción de Protección presentada por Ramiro José Garzón Larco, quien expresó inquietudes sobre la transparencia del proceso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La suspensión afecta el calendario electoral programado, en especial las pruebas que estaban previstas para el 15 de septiembre.
El CPCCS, responsable de la organización del concurso, calificó esta decisión como un abuso de las garantías jurisdiccionales. A raíz de la suspensión, 162 postulantes que debían presentarse a las pruebas quedan en la incertidumbre hasta que se decida el futuro del litigio. Una audiencia pública se ha fijado para el 3 de octubre, donde se determinará si se mantiene esta medida cautelar que afecta directamente el proceso de renovación de las autoridades electorales.
La paralización del concurso ha generado inquietud en el ámbito político, especialmente considerando que se aproxima un ciclo electoral importante. La legitimidad y funcionamiento adecuado del CNE son esenciales para garantizar la transparencia de las elecciones en el país. Anteriormente, situaciones similares han llevado a retrasos en la designación de autoridades claves, reactivando el debate sobre la intervención judicial en procesos de interés nacional y su impacto en la gobernabilidad.
