El 5 de septiembre de 2025, un juez en Loja tomó la decisión de liberar a 16 militares acusados de estar involucrados en un caso de contrabando, dejando a la Fiscalía con la tarea de acusarles por presunta asociación ilícita. Este fallo ha suscitado críticas y preocupación respecto a la actuación de las autoridades judiciales en este caso de alto perfil que ha involucrado a varios actores del ámbito militar y civil.
El Consejo de la Judicatura ha anunciado que realizará una revisión exhaustiva de la actuación del juez para determinar si existieron irregularidades en la decisión de liberar a los militares. Por otro lado, se han dictado medidas cautelares para ocho civiles procesados, que deberán enfrentar prisión preventiva mientras que los militares solo tendrán que presentarse regularmente ante la Fiscalía. Este caso representa un presunto perjuicio al Estado de aproximadamente 20 millones de dólares.
Además, el operativo que llevó a la detención de los implicados requirió la participación de 250 personas, incluyendo fiscales y efectivos policiales, y se realizaron 33 allanamientos en varias provincias del país. El Consejo de la Judicatura ha reiterado su compromiso para combatir la corrupción y asegurar que las decisiones judiciales se realicen de manera transparente y apegada a la ley, buscando reducir la impunidad en casos de contrabando.
