El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) en Ecuador ha ampliado su cobertura, amparando actualmente a 1.225 personas en todo el país. Este sistema, que opera bajo la dirección de la Fiscalía General, surge como un recurso esencial para salvaguardar la seguridad de aquellos que participan en procesos penales, garantizando su integridad física y psicológica frente a posibles amenazas.
Con un enfoque en los derechos humanos, el SPAVT cuenta con la colaboración entre entidades públicas y organizaciones civiles, lo que potencia su capacidad de respuesta. En el informe de rendición de cuentas, se destaca que Manabí presenta el mayor número de casos, con 147 personas protegidas. La asistencia se extiende a lo largo de las 24 provincias de Ecuador, cubriendo diversas situaciones de riesgo derivadas de la participación en causas judiciales.
El programa destaca la atención integral que ha beneficiado a 2.781 personas hasta el cierre de 2024, a través de un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos, trabajadores sociales y expertos jurídicos. Del total, 824 son mujeres y 401 hombres, con un enfoque particular en delitos como la extorsión y la violencia de género. Esto no solo refleja un compromiso con la justicia, sino también la necesidad de proteger a quienes osan enfrentar al sistema delincuencial.
