El prefecto de Pastaza, André Granda, propuso reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la Asamblea Nacional. Su propuesta busca incluir un criterio de territorialidad amazónica que permita mayor participación a los proveedores locales en las compras públicas. Este ajuste alinearía la normativa con el mandato constitucional que prioriza el desarrollo de la región amazónica.
Granda también destacó la necesidad de reducir los plazos de contratación, argumentando que las demoras entre la adjudicación y la firma del contrato afectan la ejecución de obras, especialmente en los gobiernos autónomos descentralizados. Además, mencionó las dificultades para obtener repuestos de maquinaria vial, lo que compromete el mantenimiento de las vías rurales y el adecuado funcionamiento de los proyectos locales.
Varios asambleístas apoyaron la propuesta, resaltando la importancia de evitar la concentración de la contratación pública en grandes empresas y fomentar la economía solidaria. La inclusión de este criterio territorial se planteó como una medida esencial para fortalecer la economía interna de la Amazonía ecuatoriana, que aún enfrenta desafíos significativos en su desarrollo económico y social.
