La Asamblea Nacional de Ecuador ha enfrentado un inicio complicado durante sus primeros 100 días de gestión, comprendidos entre el 14 de mayo y el 22 de agosto de 2025. Este período estuvo caracterizado por la aprobación de leyes de urgencia económica propuestas por el Ejecutivo, las cuales han suscitado debates intensos y han llevado a una crisis institucional. Se registraron múltiples demandas de inconstitucionalidad contra estas normativas, lo que provocó que la Corte Constitucional suspendiera algunos de sus artículos más controversiales, reflejando la polarización y los conflictos de poder en el país.
Durante estos tres meses, se aprobaron cinco leyes, de las cuales tres eran de carácter urgente y provenían directamente del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, varias de estas leyes generaron grandes controversias, lo que llevó al surgimiento de oposiciones y conflictos dentro del mismo órgano legislativo. A pesar de esto, la Asamblea priorizó ciertos temas en su agenda, pero dejó de lado otras propuestas de ley marginadas, aumentando el descontento ciudadano por la concentración de poder y limitación de la fiscalización en el proceso legislativo.
El panorama de la Asamblea también estuvo marcado por escándalos que cuestionaron la transparencia del proceso. Las multas por impuntualidad y las denuncias de nepotismo emergieron como temas críticos, junto con escándalos de alto perfil que afectaron la credibilidad de la legislatura. A pesar de haber introducido iniciativas hacia una mayor transparencia, los fallos en la difusión de información y la falta de respuestas efectivas han complicado la percepción pública sobre la eficiencia y ética del organismo, generando así un clima de desconfianza en la política ecuatoriana.
