Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso y defensora de derechos humanos, ha expresado su preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador. Según Alvear, esta normativa podría transformar a las organizaciones de la sociedad civil de aliadas del Estado a sospechosas, lo que representaría un grave retroceso para las libertades de asociación y organización en el país. Su declaración resuena en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y las ONG que trabajan en la defensa de derechos humanos.
La ley busca supuestamente garantizar la transparencia en el uso de recursos, pero Alvear argumenta que ya existen mecanismos de control suficientes en las fundaciones y corporaciones reconocidas. A pesar de que el gobierno sostiene que se pretende evitar el uso indebido de las organizaciones para actividades ilícitas, hay temores de que la nueva legislación sea utilizada para limitar el trabajo de las ONG que abogan por la libertad de expresión y derechos humanos, lo que podría desincentivar la cooperación internacional.
Alvear destacó que la situación podría llevar a un cierre de organizaciones consideradas incómodas al gobierno, aunque afirmó que su ONG no teme a la persecución debido a la claridad y transparencia de su labor. Sin embargo, insistió en que es crucial mantener la rendición de cuentas de todos los actores, incluidos los del Estado, para asegurar un entorno democrático y de respeto a las libertades. Por su parte, llamó a los organismos internacionales a prestar atención a este fenómeno y a apoyar la defensa de la sociedad civil en Ecuador.
