La Asamblea Nacional de Ecuador ha iniciado una investigación formal contra Nuria Butiñá Martínez, legisladora de la bancada Revolución Ciudadana, tras una denuncia que la vincula con el cobro de diezmos a un exasesor. Esta denuncia fue presentada por su colega Mishel Mancheno, de Acción Democrática Nacional, y sugiere que Butiñá solicitó pagos adicionales a Iván Darío Castro, un asesor que trabajó en su despacho parlamentario.
El Comité de Ética, dirigido por Johnny Lavayen, llevó a cabo una sesión el 25 de agosto para abordar la denuncia. En esta sesión se decidió notificar a ambas partes para que presenten evidencias en un plazo de diez días. Las acusaciones incluyen presiones para alterar declaraciones juramentadas y exigencias de entrega de sueldos, lo que plantea serias cuestiones sobre la ética y legalidad en el ejercicio de la función pública.
Una vez culminado el plazo de presentación de pruebas, el Comité de Ética procederá a analizar la información y emitir un informe que recomendará una posible destitución o el archivo del caso, el cual será votado por la Asamblea. Este proceso no solo toca la reputación de la legisladora, sino que también podría tener repercusiones significativas en la institucionalidad de la Asamblea Nacional.
