El 25 de agosto, la Corte Constitucional de Ecuador inició una audiencia pública para discutir la Ley de Solidaridad Nacional. Esta audiencia reúne a demandantes y al Gobierno, quienes presentan sus argumentos sobre la justificación legal del conflicto armado interno y el estatus de grupo armado que se le otorga a las organizaciones criminales en el país. Los demandantes sostienen que la ley no debe clasificarse como de urgencia económica, argumentando que se enfoca en la seguridad nacional y falla en mantener unidad de materia.
Durante la audiencia, Mercedes Mediavilla, representante de la Asamblea Nacional, defendió la ley argumentando que es fundamental para combatir el crimen organizado, mientras que el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, subrayó la necesidad de establecer medidas económicas vinculadas al conflicto armado. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la interpretación de los actos de violencia en Ecuador y su encuadre dentro de normativas internacionales que regulan el estatus de los grupos armados.
El segundo bloque de la audiencia abordó las críticas y las nuevas herramientas jurídicas que se proponen. Mediavilla defendió que estas herramientas son esenciales para el Estado, adaptándose a la realidad ecuatoriana. Sin embargo, los demandantes cuestionan la falta de criterios claros sobre lo que constituye pertenencia a un grupo criminal. La situación continúa generando reacciones y movilizaciones a nivel nacional debido a la preocupación por la seguridad y la interpretación de la ley por parte de las instituciones.
