El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) ha tomado la decisión de prohibir el ingreso de dispositivos electrónicos en sus oficinas de Quito. Esta medida, que incluye teléfonos móviles, laptops y relojes inteligentes, busca fortalecer la seguridad en los procesos de contratación y proteger información crítica bajo su custodia. Para ello, se han instalado 288 casilleros en el ingreso de la institución, obligando a los funcionarios a dejar sus pertenencias antes de acceder a las instalaciones.
A pesar del objetivo declarado de mejorar la integridad institucional, muchos empleados han expresado su descontento, argumentando que esta decisión afecta su movilidad y genera un ambiente de desconfianza. Sin embargo, autoridades del SERCOP defienden la medida como una respuesta necesaria ante episodios previos de vulnerabilidad, como un hackeo reciente que comprometió cientos de contratos estatales. Estas acciones son además un cumplimiento de la Ley de Integridad Pública, aprobada en junio de 2025.
Con la contratación pública en Ecuador movilizando cifras significativas que alcanzan los 8.000 millones de dólares anuales, el SERCOP ha resaltado la urgencia de implementar controles más estrictos para combatir la corrupción, que se estima podría representar hasta el 30% de las pérdidas en recursos públicos. Las reformas tecnológicas y el monitoreo interno son pasos hacia la restauración de la confianza en un sistema que aún enfrenta desafíos significativos para su modernización y adaptación a las necesidades actuales.
