En el turbulento panorama político de Ecuador, Ferdinan Álvarez, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, ha salido al paso de serias acusaciones que lo vinculan con un esquema de diezmos. Álvarez utilizó sus redes sociales para rechazar las afirmaciones de un excolaborador que lo señala en este escándalo, argumentando que el denunciante tuvo un breve periodo de trabajo a su lado. Asegura tener una declaración juramentada que refuta estas denuncias y, además, descalifica el origen de la misma como carente de fundamentos.
El asambleísta no solo negó las acusaciones, sino que dirigió un reto hacia Luisa González, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, instándola a presentar la denuncia ante la Fiscalía. Álvarez calificó las acusaciones como ‘politiquería barata’ y denunció la falta de acción de las autoridades en investigar lo que él considera un ataque político más que una búsqueda de justicia. Las tensiones entre ambos líderes políticos parecen intensificarse en este contexto de acusaciones y defensas públicas.
Este conflicto se origina en denuncias periodísticas que sugieren que Álvarez contrató a un chofer con antecedentes penales, y que su esposa fue puesta en un cargo para ocultar irregularidades financieras. Según la denuncia, se habría establecido un sistema de diezmos que implicaba la devolución de parte del salario de la esposa del chofer. A medida que las acusaciones se entrelazan con detalles escabrosos, la presión sobre la Fiscalía para actuar crece, aumentando la incertidumbre sobre la integridad de la política ecuatoriana.
