En una reciente manifestación en Quito, representantes de la nación Waorani, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros movimientos sociales, exigieron a la Corte Constitucional el cumplimiento del mandato popular que prohíbe la actividad petrolera en el bloque 43 del Yasuní. Este reclamo surge tras un año de la consulta popular, donde la ciudadanía votó abrumadoramente a favor de proteger esta zona de alta biodiversidad.
Los líderes Waorani destacaron que el resultado de la consulta es vinculante, lo que implica que el Estado está legalmente obligado a respetar la decisión tomada por el pueblo. Sin embargo, lamentaron que, a pesar de la clara voluntad de la población, la infraestructura petrolera en Yasuní sigue activa sin un plan evidente para su desmantelamiento, lo que ha provocado críticas hacia el gobierno y la Corte Constitucional misma.
Las organizaciones presentes en la protesta enfatizaron que la falta de acción concreta no solo socava la democracia, sino que también afecta la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. La Corte Constitucional enfrenta una presión significativa para garantizar que se respete el mandato popular y se elabore un cronograma claro y transparente para el retiro de actividades petroleras en la región, o de lo contrario, se consolidará un conflicto político de gran envergadura.
