El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió una orden que requería el desalojo de los jueces de la Corte Constitucional del edificio donde actualmente funcionan, conocido como Tamagar en Quito. Esta medida fue justificada por el Ministerio de Energía como parte de un proceso de reestructuración y necesidad de espacio tras la fusión con el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, al día siguiente, la misma institución dejó sin efecto la orden de desalojo, generando un clima de incertidumbre entre los jueces y el personal de la Corte.
El episodio refleja una pugna más amplia entre el gobierno de Noboa y la Corte Constitucional, especialmente en lo que respecta a la suspensión de varios artículos de leyes por demandas de inconstitucionalidad. A pesar de que la Corte ha mantenido su sede desde 2019 y ha cumplido con las inspecciones y pagos requeridos, la revocación de la orden subraya las tensiones existentes entre ambas entidades, sugiriendo que el conflicto podría no haber llegado a su fin.
Este conflicto institucional podría tener implicaciones significativas para la independencia de la Corte y la agenda legislativa del gobierno. Aunque el desalojo fue revertido, las acciones del presidente reflejan frustraciones más profundas y la necesidad de una reevaluación del equilibrio de poder en el país. Con el ojo del público sobre este tema, tanto el gobierno como la Corte Constitucional deberán proceder con cautela para evitar una escalada de la tensión.
