El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado la fusión de varios ministerios y secretarías como parte de un nuevo decreto que busca modernizar el aparato estatal. Esta medida reduce el número de ministerios de 20 a 14 y las secretarías de 9 a 3, con promesas de que los servicios continuarán sin interrupciones. Sin embargo, esta reestructuración ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la estabilidad laboral de aproximadamente 5,000 funcionarios públicos que se enfrentarán a despidos.
Sindicatos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) han manifestado su rechazo a los despidos y han calificado la decisión como política y carente de justificación técnica. Dicen que la eliminación de puestos de trabajo afectará a miles de familias y han amenazado con llevar a cabo protestas si no se garantizan las condiciones laborales. A pesar de la resistencia social, el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para afrontar un déficit fiscal creciente que ha alcanzado cifras alarmantes.
El déficit fiscal del país se ha multiplicado a niveles insostenibles, con un pronóstico de superar los 5,500 millones de dólares al cierre del año. Frente a esta crisis, el Gobierno está intentando racionalizar el gasto público a través de fusiones ministeriales, a pesar de la oposición que estas generan. Aunque algunos analistas económicos apoyan las medidas como necesarias para eliminar el gasto innecesario, la sociedad civil continúa en alerta ante los posibles impactos económicos y sociales que esto podría conllevar.
