El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador se reunió el 12 de agosto de 2025 para procesar el primer juicio político del actual periodo legislativo contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La acusación, presentada por el legislador Fernando Jaramillo, señala un supuesto incumplimiento de funciones por parte de Goyes, quien enfrenta la posibilidad de censura y destitución si se recibe al menos 101 votos a favor en la Asamblea. El ambiente en la asamblea es tenso, y el juicio se produce en un contexto político difícil.
Durante la sesión, Jaramillo expuso sus argumentos durante dos horas, acusando a Goyes de un “boicot institucional” y de obstrucción a un mandato popular al no dar quórum en las sesiones del CJ para la aprobación del reglamento de selección de jueces constitucionales. Goyes llegó minutos antes de la sesión y expresó su disposición a defenderse, buscando refutar las acusaciones en un tiempo limitado de tres horas. La situación es crítica, ya que la decisión de la asamblea puede influir en futuras alianzas políticas.
La votación del juicio, que podría llegar a extenderse hasta altas horas de la noche, tiene en cuenta el respaldo necesario de las bancadas de ADN y sus aliados, así como la posible participación de la bancada de la Revolución Ciudadana. La atmósfera está marcada por la marcha reciente convocada por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional, lo que añade otra capa de tensión a un proceso que, más allá del destino de Goyes, podría impactar la dinámica política del país en el futuro.
