La reciente marcha convocada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha desencadenado una controversia significativa debido al uso de imágenes de los jueces de la Corte Constitucional en vallas publicitarias. Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, criticó esta estrategia, la cual considera un ataque a la independencia judicial y al Estado de derecho. Durante la marcha en Quito, los rostros de los magistrados fueron exhibidos, lo que ha provocado un debate sobre la separación de poderes en el país.
Goebertus expresó su preocupación en redes sociales, denunciando que los ataques a los jueces son inaceptables y llaman a proteger su labor. Este hecho ha sido objeto de atención tanto a nivel nacional como internacional, con varias organizaciones de derechos humanos advirtiendo que este tipo de acciones podrían ser interpretadas como un intento de intimidación hacia los magistrados. La situación se vuelve más compleja cuando se considera el contexto político tenso en el que se desarrolla, lo que plantea preguntas sobre la integridad de las instituciones ecuatorianas.
Ante las críticas, Carolina Jaramillo, portavoz del gobierno, defendió la postura del presidente, asegurando que no se usaron recursos públicos para las vallas y que el gobierno no está detrás de las manifestaciones. Jaramillo también argumentó que los jueces requieren un contrapeso político, sugiriendo que la actitud hacia la Corte Constitucional se alinea con prácticas en otros países. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disminuir la presión y el escrutinio que enfrenta el gobierno por parte de la comunidad internacional.
